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Feijóo y el desierto industrial gallego: del fallido grupo lácteo a la quiebra de Pescanova y el espejismo de Altri
Público, ayer, 21:30

El presidente del PP, que prometió en 2009 rescatar el sector lechero de Galicia, dejó la comunidad con 7.000 granjas menos que cuando llegó al poder.

Entre 2009 y 2022, durante los años en los que Feijóo estuvo al frente de la Xunta, desaparecieron en Galicia cerca de 7.200 explotaciones ganaderas dedicadas a la producción de leche. Eran más de la mitad de las que había cuando obtuvo su primera mayoría absoluta. Galicia produce alrededor del 40% del total estatal, pero desde hace decenios arrastra una crisis de precios que impide a las familias campesinas mantener su actividad porque ni siquiera pueden cubrir sus costes. Según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), las industrias pagaron el litro de leche en origen el pasado mes de septiembre a 0,45 euros. Hay aguas minerales que se venden en los supermercados por el doble de esa cantidad.

Feijóo empezó su carrera política a principios de los años 90 como letrado de la Xunta en la Consellería de Agricultura, de la que fue durante tres meses secretario general, antes de que su entonces, responsable, José Manuel Romay Beccaria fuera nombrado conselleiro de Sanidade y se lo llevara para ocupar la secretaría general de ese departamento. Veinte años después, durante su primera campaña en Galicia tras haber pasado también por las presidencias del Instituto Nacional de la Salud y de Correos, se comprometió a combatir la sempiterna crisis del sector lácteo y prometió medidas para apoyar a las granjas, que consideraba además esenciales para evitar la galopante despoblación de las zonas rurales.

Feijóo anunció ayudas directas, mediación con el Gobierno del Estado y con la gran industria y fomento de la marca Galicia en la comercialización de lácteos propios del país. También prometió apoyo al cooperativismo de un sector que llevaba años alertando de que, aunque la comunidad es la primera productora de leche España, la mayoría de la recogida y transformación estaba en manos de grupos foráneos. Sin embargo, los intentos de conformar un grupo lácteo gallego que él mismo promovió o respaldó durante sus gobiernos, con la intención de que sostuviera la economía local del rural y contribuyera a estabilizar precios justos e ingresos dignos para los ganaderos, no fructificaron. Al contrario. Acabaron siendo gravosos para el erario autonómico.

En 2010, el primer conselleiro de Medio Rural de Feijóo, Samuel Juárez, quien había sido secretario general de Pesca con José María Aznar y acabaría siendo delegado del Gobierno en Galicia con Mariano Rajoy, impulsó un plan para que 11 cooperativas constituyeran Alimentos Lácteos SA, una sociedad que alquiló una antigua fábrica de Leche Pascual en Outeiro de Rei (Lugo) y que comenzó a recoger, procesar y envasar leche el 22 de abril de 2010. Empleaba a 81 trabajadores y pretendía comercializar inicialmente unos 150.000 litros diarios.

La empresa empezó a arrastrar problemas desde su primer ejercicio, aunque la Xunta de Feijóo la acompañó con un sólido respaldo financiero: ese mismo año le concedió un préstamo de un millón de euros a través de XesGalicia, una sociedad pública que actúa como gestora de fondos de capital riesgo, que le concedió otro crédito de 2,5 millones en diciembre de 2011 y uno más de 650.000 euros un año después. Además, el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), la entidad de la Administración autonómica que financia el desarrollo empresarial de la comunidad, le concedió avales por otros 450.000 euros.

Un año después Alimentos Lácteos apenas procesaba 300.000 litros semanales pese a que su fábrica tenía una capacidad para 7,5 millones. Adeudaba elevadas cantidades a muchas familias ganaderas que habían dejado de entregarle leche a causa de los impagos. Algunas se vieron obligadas a cerrar. La empresa entró en concurso de acreedores y un auto judicial la declaró disuelta a finales del verano de 2013, con los 81 trabajadores y trabajadoras en la calle y un pasivo acumulado que la prensa regional cifró en torno a 18 millones de euros. Dos de los administradores de Alimentos Lácteos fueron condenados por no haber solicitado antes el concurso de acreedores. Según la sentencia, sabían que la empresa estaba en quiebra desde 2011, un año después de empezar a operar. Aun así, la Xunta de Feijóo, que mantenía un puesto de observadora en el consejo de administración, siguió prestándole financiación pública que nunca se recuperó.

Tres años después de la quiebra de Alimentos Lácteos, la Xunta, con la conselleira Ángeles Vázquez en Medio Rural –hoy está con Alfonso Rueda en la de Política Social e Igualdade–, impulsó el nacimiento de Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN), que integraba a tres de las más relevantes y que pretendían ganar dimensión empresarial, concentrar la oferta de leche, mejorar la capacidad negociadora de los ganaderos y reforzar la transformación industrial en Galicia. Las tres habían participado en 2012 en un proyecto también financiado por XesGalicia y el Igape para comprar la marca Clesa y su fábrica en Caldas de Reis (Pontevedra). El plan no era igual al de Alimentos Lácteos, pero también tenía la vista puesta en crear un gran grupo industrial lácteo de capital gallego.

Feijóo recibió y se fotografió con los responsables de CLUN en varias ocasiones. La Xunta siguió apoyando el proyecto con más subvenciones del Igape y ayudas de I+D+i que contribuyeron a que la sociedad pudiera transformar y comercializar directamente su producción en Galicia y a que la ampliara a la elaboración y comercialización de derivados de más valor añadido. Además, mantuvo la recogida en explotaciones pequeñas de algunas zonas rurales más aisladas donde la gran industria privada había dejado de operar. Pero nunca logró el objetivo de convertirse en un gran grupo industrial que arrastrara al sector lácteo hacia la estabilidad y la recuperación.

En 2022, cuando Feijóo dejó la Xunta, hacía dos años que su Administración había descartado esa apuesta. Para entonces, según el IGE, habían desaparecido más de la mitad de las explotaciones ganaderas de leche de la comunidad, y los municipios rurales pequeños, los de menos de 20.000 habitantes, habían perdido el 8,7% de su población, cerca de 120.000 personas. Entre enero de 2010 –son los datos homologables más antiguos que ofrece el IGE– y enero de 2022 –Feijóo dejó la Xunta en abril– los precios que la industria pagaba a los ganaderos por cada litro de leche en origen se incrementaron 0,07 euros. Es un 24,7%. La inflación en ese período creció un 21,4%.

Al contrario de lo ocurrido en otros períodos históricos y en otras comunidades autónomas, la pérdida de peso del sector agrícola y ganadero de Galicia y la despoblación de las zonas rurales no derivó en un incremento de la mano de obra ocupada en el sector industrial. De hecho, uno de los elementos más característicos del balance de los años de Feijóo en la Xunta fue la caída de la población ocupada en la comunidad, un 3,9% entre el último cuatrimestre del 2009 y el último de 2022, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En ese período, la agricultura y la ganadería perdieron un 26% de su mano de obra en Galicia; mientras la industria caía un 5% y la construcción, un 36%. Entre las tres suman casi 70.000 trabajadores menos en 13 años. Sólo los servicios aumentaron en población empleada, un 3,4%, menos de 26.000 personas. En esos 13 años, según el directorio central de empresas del INE, desaparecieron en la comunidad 4.733 sociedades.

La mayoría eran pymes que cerraron sin apenas ruido, pero algunas de las más grandes cayeron con estrépito, en todos los sectores: las cajas de ahorro y varios bancos; astilleros como Vulcano y Barreras; constructoras como Martinsa-Fadesa; conserveras como Alfageme; textiles como Caramelo; tecnológicas como Blusens... En el sector industrial, una de las quiebras más sonadas fue la de Pescanova, un gigante mundial de la alimentación y la pesca que controlaba una parte importante de toda la cadena marítima. Desde la captura, con una flota de más de cien buques, hasta la acuicultura, con más de 50 instalaciones, y el procesamiento y la distribución, con una treintena de plantas. Antes de su ruina en 2013, Pescanova tenía presencia mediante más de 160 sociedades en más de una veintena de países.

Fundada en Vigo por José Fernández López y convertida bajo la presidencia de su hijo Manuel Fernández de Sousa-Faro en un multinacional, empleaba a unas 12.000 personas en todo el mundo, alrededor de 1.500 en Galicia, y facturaba alrededor de 1.500 millones anuales en los ejercicios previos a su liquidación. Su caída estuvo motivada por una agresiva expansión internacional, que resultó menos rentable de lo esperado y que se quedó sin posibilidades de refinanciación tras el crac de 2008. Pero, sobre todo, por una práctica sistemática de ocultación de la verdadera situación financiera de la empresa. Antes de que estallara el escándalo, Feijóo había apoyado a los responsables de Pescanova y había impulsado entre los principales bancos españoles un crédito sindicado de 56 millones de euros, de los que la Xunta aportó cuatro, para rescatar a la compañía. La posterior investigación judicial, que acabó con una decena de directivos en la cárcel, acreditó que se ocultaron miles de millones de deuda mediante sociedades instrumentales, facturas ficticias, operaciones comerciales inexistentes y manipulación contable.

A mediados de la pasada década, la oposición en Galicia acusaba a Feijóo de que sus primeros años al frente de la Xunta, lejos de aliviar la crisis, estaban derivando en la desertización industrial de un país donde lo único que se promovían eran proyectos mineros y eólicos que apenas proporcionaban empleo y que afectaban severamente al medio ambiente y a actividades tradicionales como la pesca artesanal y el marisqueo en las rías. Al tiempo, se fomentaba una eucaliptización desmedida que acababa con paisaje y con el bosque autóctono para, a cambio de suministrar mínimos ingresos de urgencia a los pequeños propietarios de tierras en las zonas rurales, proporcionaba materia prima barata a la industria de la celulosa.

El plan forestal de la Xunta, elaborado en 1992 cuando Feijóo acababa de dejar la secretaría general de la Consellería de Agricultura de Manuel Fraga, fijó un límite de 245.000 hectáreas a la expansión del eucalipto en Galicia hasta el año 2030. Cuando dejó la presidencia del Ejecutivo autonómico en 2022, ya superaba las 413.000 hectáreas, casi como toda la provincia de Pontevedra. Los movimientos vecinales y ecologistas contrarios a la eucaliptización siempre han vinculado esa invasión a Ence, la compañía propietaria de la fábrica de celulosa que durante décadas contaminó con mercurio la ría de Pontevedra arrasando los bancos marisqueros de la zona. Durante los años en los que Feijóo presidió la Xunta, en el consejo de administración de Ence se sentaban Carlos del Álamo, exconselleiro de Medio Ambiente con Fraga, e Isabel Tocino, ministra de Medio Ambiente con José María Aznar.

La lucha de la sociedad civil organizada contra las celulosas ha sido recurrente desde hace décadas en Galicia. El último episodio también tiene que ver con Feijóo. El hoy candidato popular a la presidencia del Gobierno anunció en 2021 en Santiago que una multinacional portuguesa estaba interesada en instalar en Galicia una biofábrica de fibras textiles ecológicas que, apoyada por la financiación europea, iba a invertir 800 millones para crear miles de puestos de trabajo en la comarca de A Ulloa, en Lugo, en alianza con la industria textil, el sector financiero y el sector de las energías renovables de la comunidad. Feijóo llegó a recabar, por primera vez en todos sus mandatos, el apoyo unánime de la oposición en el Parlamento de Galicia, y hasta creó una empresa pública con participación del capital privado, Impulsa Galicia, para apoyar la operación. Su presidente era su vicepresidente económico, Francisco Conde. El 26 de abril de 2022, sólo tres días antes de presentar su renuncia a la Xunta para presidir el Partido Popular, Feijóo recibió en su despacho en Compostela al máximo responsable de la multinacional: José Soares de Pina, CEO de Altri.

Aquel espejismo en el desierto industrial de Galicia duró muy poco. Apenas lo que tardó Altri en presentar sus credenciales en un proyecto oficial que desveló que lo prometido por Feijóo no era sino parte de un burdo intento de greenwashing empresarial con apoyo institucional. El proyecto camuflaba en realidad una colosal macroplanta de celulosa que iba a alterar por completo la configuración ecológica, paisajística y social de la comarca y de sus municipios próximos, promoviendo la plantación de más eucaliptos, polucionando su atmósfera con emisiones tóxicas, devorando sus recursos hídricos y contaminando su río con residuos que cruzarían Galicia hasta llegar a través de su cauce a los bancos marisqueros de Arousa.

Para allanar su aterrizaje en Galicia, Altri se había asociado con Greenalia, una emergente y por entonces ya poderosa compañía especializada en la explotación de parques eólicos, de cuyo consejo de administración también formaban parte varios directivos y directivas vinculadas al PP y a Feijóo: José María Castellano, la persona designada por éste para dirigir la fallida fusión de las cajas gallegas y presidirlas; Beatriz Mato, su exconselleira de Medio Ambiente y excandidata a la Alcaldía de A Coruña; Antonio Couceiro, exconselleiro de Industria con Fraga y expresidente del Deportivo, el club cuyo accionista mayoritario es Abanca, la entidad heredera de las cajas que ni Feijóo ni Castellano consiguieron salvar y que, en manos del grupo venezolano presidido por Juan Carlos Escotet, se aventuraba como el socio financiero de la operación...

Tras años de multitudinarias protestas y de movilizaciones, y con Feijóo ya fuera de la Xunta, una contundente respuesta social liderada por mujeres consiguió apagar los planes de Altri y que la Administración de Rueda archivara las autorizaciones necesarias después de que el Gobierno le negara la financiación europea y la conexión a las redes de energía que reclamaba. Aun así, el movimiento social advierte de que el proyecto de la macrocelulosa no está muerto, sólo dormido, y que otro Gobierno amigo en el Estado podría reactivarlo.

El episodio de Altri resume buena parte de las contradicciones del modelo de desarrollo que Galicia ha seguido durante las últimas décadas. Una comunidad que perdió miles de explotaciones ganaderas, decenas de miles de empleos y buena parte de su tejido industrial, mientras veía cómo se debilitaban sus economías locales y se vaciaban sus municipios rurales. Las explotaciones que cerraron no han vuelto a abrir, los puestos de trabajo perdidos no se han recuperado y los árboles autóctonos que fueron sustituidos por eucaliptos no han vuelto a crecer por decreto. Sería un error entender todo eso como una mera herencia estadística. Es una amenaza real, un desierto industrial, demográfico y ecológico que sigue avanzando inexorablemente años después de que se tomaran las decisiones que condujeron a él.

Texto completo publicado por Público.

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