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ECONOMÍA
La agenda laboral del PP y Vox enciende las alarmas sindicales por las bajas, el desempleo y los despidos Los sindicatos tienen fundados temores de que, si suman mayoría el 29N, la derecha y la ultraderecha formarán un Gobierno totalmente alineado con la patronal y dispuesto a recortar derechos laboral... Los sindicatos están convencidos de que el desembarco del PP y Vox en el Gobierno, si estos dos partidos suman una mayoría absoluta tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, traerá aparejado un recorte de los derechos laborales para millones de trabajadores en España. Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) y Unai Sordo, su homólogo en Comisiones Obreras (CCOO), lo dejaron muy claro el pasado 22 de octubre en un desayuno informativo. "La gente necesita saber [antes de votar] si el modelo construido en los últimos años y que tan buenos frutos ha dado se va a mantener. Si se sigue la estela de Vox no están garantizados ni los derechos laborales de antes de las reformas hechas en los últimos años", dijo Álvarez con firmeza ese día. Es más, Álvarez y Sordo dieron incluso por sentado que un Ejecutivo ultraconservador aprobaría "el despido libre y gratuito". Los temores de los sindicatos parecen bien fundados. Como explica a Público Carlos Bravo, Secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, "a la luz de lo que han explicitado [PP y Vox], claramente podrían modificarse las prestaciones por incapacidad temporal o enfermedad, las pensiones y la protección por desempleo". Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de la Unión Sindical Obrera (USO), comparte esa inquietud de que se reduzca la protección social a los trabajadores: "Nosotros vemos con mucha preocupación ese posible cambio de Gobierno. Sabemos ya un poco de lo que pretenden por las declaraciones que hacen. Todo pinta bastante mal". García cree que los sindicatos van a tener que afrontar tiempos difíciles si el PP y Vox llegan al poder. "Nos preocupa mucho la falta de respeto, la persecución y el descrédito contra el movimiento sindical. Es gravísimo. Vamos a ver qué ambiente nos encontramos si se produce ese cambio de Gobierno, con un partido como Vox que directamente quiere ilegalizar los sindicatos. Todas las organizaciones sindicales tendremos que buscar la unidad de acción y quizás volver a restablecer algo parecido a aquella Cumbre Social que se creó en el año 2012". Las preocupaciones de Sara García encuentran un precedente en una de las propuestas de Vox de cara a la próxima cita electoral: suprimir las subvenciones públicas a los sindicatos. Afortunadamente, estas representan una parte menor de su presupuesto. Pese a ello, los dos partidos de la derecha han acordado reducirlas hasta un 50% en las comunidades autónomas donde gobiernan conjuntamente: Aragón, Extremadura, Andalucía y Castilla y León. En 2022 ya hubo un precedente en esta comunidad autónoma, cuando el anterior Ejecutivo autonómico de Mañueco anunció una retirada de 20 millones de euros a los agentes sociales. La Justicia tumbó posteriormente esa decisión. La incertidumbre es máxima. Como bien señalan estos dos dirigentes sindicales, solo hay que repasar las palabras de Alberto Núñez Feijó en las últimas semanas para justificar esas sospechas y temores. El también candidato del PP ha cargado en varias ocasiones contra las bajas laborales —que él denomina absentismo—, ha anunciado que un Gobierno presidido por él endurecerá las condiciones para recibir la prestación por desempleo y se la retirará de forma definitiva a quien rechace "empleos adecuados, de forma reiterada y sin causa justificada" —aunque eso ya sucede al tercer rechazo— y ha anunciado su intención de pactar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con la patronal, olvidando mencionar que en los últimos siete años ha sido precisamente esta la que se ha opuesto a subirlo. Vox se ha expresado incluso en una línea más dura, pero también más imprecisa. En su programa electoral (PDF), la formación ultraderechista propone "derogar la legislación laboral de Sánchez que ha agravado la precariedad, desincentivado la contratación y empeorado una situación ya de por sí insostenible". Carlos Bravo no comparte en absoluto ese diagnóstico: "La protección social de los trabajadores —en protección por desempleo, pensiones, enfermedad, incapacidad, etcétera— está en mejor situación que antes de la crisis de 2008 y de las políticas de austeridad. Los acuerdos alcanzados con el Gobierno, a través de los ministerios de Trabajo, Seguridad Social y Derechos Sociales en los últimos ocho años en materia de pensiones, desempleo o dependencia están dando ese resultado", matiza el representante de CCOO. Sara García apunta que los programas del PP y Vox en materia laboral son "inconsistentes". "No entran a fondo en nada", apostilla. En todo caso, estos son algunos de los derechos laborales contra los que la derecha podría actuar. Hace ya un tiempo que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) declaró la guerra a las bajas laborales. La patronal desliza permanentemente una sombra de sospecha de fraude y se queja de que "el absentismo es un impuesto añadido" para las empresas. En este asunto, el PP y Vox se han alineado claramente con los empresarios. Vox no se refiere expresamente al "absentismo" en su programa electoral, pero el PP sí lo hace y habla en estos términos: "Atajaremos el absentismo injustificado". "Estableceremos un sistema que premie a las empresas que mejor gestionen la incapacidad temporal. Perseguiremos el fraude de quienes se aprovechan del sistema para no trabajar y cobrar prestaciones indebidas a costa del esfuerzo de los demás", se puede leer en el programa electoral del PP (PDF). Esa política contra las bajas laborales ya tiene algún que otro efecto práctico. El pasado 22 de septiembre, la Junta de Castilla y León anunció que la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio estaba ultimando la estructura y el diseño metodológico del estudio sobre el absentismo laboral "para analizar con seriedad todo lo relacionado con el absentismo laboral". Los sindicatos aseguran que detrás de estas acusaciones se esconde una estrategia para recortar derechos laborales. "Una de las cosas que más nos preocupa es esta oleada que intenta criminalizar al trabajador enfermo en incapacidad temporal y a los médicos que dan las bajas hablando de un fraude generalizado en el absentismo. Quieren vincularlo todo al ahorro económico para no hablar de la salud de los trabajadores ni de la prevención", se queja Sara García. "Es una forma de generar un ambiente propicio para la nueva reforma de la Ley de Mutuas, a las que ya en 2014 le dieron muchísimas competencias en temas de contingencia común. Aunque no explica cómo, el programa del PP sí que dice que van a reforzar el papel de las mutuas para que puedan dar el alta médica", apostilla la dirigente de USO. El despido en España ya es libre, pero aún no es gratuito, aunque sí barato desde la reforma laboral de 2012 aprobada entonces por un Gobierno del PP, el presidido por Mariano Rajoy. En lo tocante a este asunto, Sara García lamenta que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha tocado nada la legislación a pesar de que a lo largo de los últimos 30 años las personas trabajadoras han visto mermada su protección contra el despido. De hecho, ni el PP ni Vox mencionan la palabra "despido" en sus programas electorales, pero eso no atenúa el temor de los sindicatos, a los que no les sorprendería un nuevo abaratamiento de la indemnización por despido. "Cuando revisas los programas electorales, las referencias en materia de empleo son muy vagas. Por parte del Partido Popular solamente se habla de bonificaciones y de estabilidad laboral", ilustra Sara García. Vox, por su parte, es aún más impreciso: en materia de empleo propone "trabajo estable y salarios dignos para los españoles". Otro temor fundado de los sindicatos es que un hipotético Gobierno del PP y Vox recorte la prestación por desempleo. Tampoco en este caso los programas electorales de los dos partidos son muy precisos. Sin embargo, el día que presentaba las propuestas del PP, Feijóo anunció sus intenciones: propuso unir el Ingreso Mínimo Vital y los subsidios por desempleo en una "renta de activación" que se perderá si se rechaza un empleo de forma injustificada. Ahora ocurre al tercer rechazo injustificado. "Rechazar empleos adecuados, de forma reiterada y sin causa justificada, supondrá la pérdida graduada de las ayudas. Trabajar tiene que compensar más que no hacerlo", advirtió el líder del PP, en lo que parece un claro aviso a navegantes. Las pensiones son otro asunto que afecta a los derechos de las personas trabajadoras. A pesar de que José María Figaredo, portavoz económico de Vox, arrancó la precampaña diciendo que el sistema estaba "quebrado" y abogó por "un modelo mixto" para financiarlas, en lo que todo el mundo interpretó como una propuesta de privatización, en su programa electoral Vox no dice nada de eso: simplemente se limita a señalar que hay que "garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones" a través de una "economía más productiva". También el PP tropezó en la piedra de las pensiones al inicio de la precampaña. Ester Muñoz, portavoz de los populares, afirmó que las pensiones iban a "petar". El incendio fue de tal calibre que el propio Feijóo tuvo que salir a apagar las llamas e intentar convencer de que el sistema público de pensiones está garantizado. El PP también garantiza que los pensionistas mantendrán su poder adquisitivo. Sin embargo, en su programa también se afirma algo que invita a la duda: "Las grandes decisiones sobre vivienda, empleo, pensiones, educación y fiscalidad tendrán en cuenta su impacto en las siguientes generaciones". "La experiencia muestra que las reformas pactadas perviven, gozan de doble legitimidad, política y social y deben ser la base desde la que continuar reforzando el sistema de Seguridad Social. El PP lo sabe y cualquier propuesta debe desarrollarse en el marco del Pacto de Toledo y de la Concertación Social. Es la garantía necesaria de continuidad, equilibrio y respeto del pacto intra e intergeneracional que fundamenta nuestra seguridad social", explica Carlos Bravo cuando se le pregunta por las pensiones y los planes de la derecha. Sara García alerta de que con las elecciones del próximo 29 de noviembre han decaído varios proyectos que estaban tramitándose en el Congreso y que, previsiblemente, un Gobierno formado por el PP y Vox no va a recuperar. Las propuestas de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la reducción de la jornada laboral y el control horario "van a decaer" con el nuevo horizonte electoral, subraya la dirigente de USO. García lamenta especialmente que la modernización de la prevención de los riesgos laborales se haya quedado en el tintero: "Necesitamos ya una normativa actualizada y adecuada a las necesidades que tenemos en este momento. La actual ley es del año 1995". Sin embargo, el PP y Vox no mencionan para nada este asunto en sus propuestas. Texto completo publicado por Público. |
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