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Los hospitales madrileños subcontratan a consultoras y despachos de abogados externos la redacción de los pliegos de decenas de contratos
Público, 15 de noviembre, 20:40

"Elaboran unos pliegos de los que luego no responden", advierte una experta en contratación pública, quien también critica la "pérdida de control sobre el contrato" por parte de los hospitales.

Redactar los pliegos de un concurso público es una tarea compleja. Por la filigrana jurídica del contrato y por el detalle técnico con que debe especificarse el servicio, suministro u obra que se va a adquirir. Los pliegos regulan, no sólo la licitación, sino también la futura ejecución de ese servicio u obra. Pero no siempre los departamentos de contratación de las diferentes administraciones están a la altura de la tarea. "Muchas veces no cuentan con medios suficientes, carecen de técnicos especialistas y de capacidad para elaborar acuerdos marco, por ejemplo", lamenta la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid Silvia Díez Sastre, que ha trabajado con algunos de estos equipos. Más aún cuando se trata de un "mundo jurídico", subraya, que ha cambiado mucho desde que en 2004 la UE aprobó su directiva sobre contratación pública. "No siempre tienen [las administraciones públicas] tiempo ni medios para formar a los funcionarios y se chapucea bastante", resume.

Consuelo Doncel Rodríguez, miembro del grupo de trabajo de integridad en la contratación pública de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pone el acento en la necesidad de "profesionalizar" el personal que se dedica a redactar los pliegos de los contratos. "Hacen falta perfiles técnico-jurídicos, pero también perfiles especializados, ingenieros, arquitectos, médicos, que conozcan bien la normativa". Si no los hay, se corre el riesgo, como está ocurriendo, de que se abuse del contrato menor, "porque es un proceso muy ágil, que requiere muy poca documentación y no tanto conocimiento técnico", advierte.

Por esa misma razón, los hospitales públicos madrileños, que tienen un enorme volumen de contratación anual, recurren a despachos de abogados y consultoras para que les elaboren los pliegos de condiciones de los contratos que sacan a concurso. Según ha comprobado Público en la Plataforma de la Contratación de la Comunidad de Madrid, son cientos los contratos que todas las consejerías y organismos autónomos licitan cada año para que despachos y consultoras les asesoren en esta materia. No sólo la de Sanidad. Pero sólo de los hospitales públicos se pueden encontrar más de 70 en los últimos años. El gasto roza los 350.000 euros desde 2016.

Este es el séptimo y último reportaje de una serie de siete sobre el abuso de los contratos menores en la sanidad madrileña. [Aquí puedes consultar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto].

Las Fundaciones para la Investigación Biomédica (FIB) de los hospitales acuden con frecuencia a este sistema para redactar los pliegos de sus concursos. Se trata de entidades sin ánimo de lucro centradas en impulsar la actividad científica, los ensayos clínicos y la formación de los profesionales sanitarios de cada hospital. Pero también lo hacen la Gerencia de Atención Primaria, la Unidad Central de Radiodiagnóstico y los mayores centros hospitalarios, desde el Gregorio Marañón y La Paz hasta el Severo Ochoa y el Puerta de Hierro.

Así, los hospitales han externalizado una tarea primordial y delicada. Una solución que a Silvia Díez no le parece acertada. "Esas consultoras elaboran unos pliegos de los que luego no responden", critica. La catedrática dice que ha visto errores en pliegos de alguna FIB "muy mal hechos" por esos despachos externos. También duda de la existencia de murallas chinas entre las divisiones o departamentos de los despachos y consultoras que eviten posibles conflictos de interés si estos también tienen como clientes a empresas proveedoras de los hospitales. Subcontratando el servicio jurídico, el hospital pierde el control sobre el contrato, resume.

Consuelo Doncel la rebate. "Los pliegos que redacta la consultora externa son luego firmados e informados por el área [administrativa] correspondiente, el técnico hace suyos, o no, esos pliegos, y luego el procedimiento se somete al control posterior de la Intervención".

Una de las consultoras que más se prodiga en esta tarea para los hospitales públicos madrileños es Tesera de Hospitalidad, que suma una veintena de contratos desde 2017, incluidos algunos para impartir cursos de formación al personal de los departamentos jurídicos de los centros. El despacho A. Bercovitz, Alvargonzález, Corcelles y García-Cruces Abogados consiguió al menos 17 de estos contratos entre 2020 y 2023 para asesorar en expedientes de contratación y redacción de pliegos de la Fundación Biomédica del Hospital Clínico San Carlos.

Kalaman Consulting asesoró en media docena de ocasiones a otra FIB, la del Doce de Octubre. Incluso ayudó en la tramitación de dos acuerdos marco y un sistema dinámico de contratación para la "compra de reactivos, material fungible, animales de experimentación y equipamiento para los proyectos de investigación". Ambos son instrumentos que tanto la Intervención General como los expertos recomiendan para contener el abuso de contratos menores en la sanidad pública.

Bos Consulting hizo lo propio en otros concursos para las FIB no sólo del Clínico San Carlos y del Doce de Octubre, sino también del Ramón y Cajal. Abarcaban desde la licitación de una agencia de viajes hasta la de proyectos ligados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Público se ha puesto en contacto con las consultoras Tesera, Kalaman y Bos, así como al despacho A. Berkovitz, Alvargonzález Corcelles y García-Cruces, pero todos ellos han rehusado participar en esta serie de reportajes.

Por su parte, el Laboratorio de la Contratación SL elaboró los pliegos de las obras de reforma integral del Hospital La Paz y de las urgencias del Hospital La Princesa; también asesoró en otro contrato de residuos licitado por la Gerencia de Atención Primaria. Llama la atención que la página de inicio de su web saluda al visitante con un despliegue fotográfico de "los profesionales que participan en sus actividades": entre otros, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra; los exconsejeros de Sanidad de Madrid Enrique Ruiz Escudero y Javier Fernández-Lasquetty, y el exjuez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, a quien el CGPJ abrió expediente por decir en unas jornadas sobre compliance que la dirigente de Podemos Irene Montero, "desde su cajero de Mercadona", no podía "dar clases a los demás". El comité disciplinario del órgano de gobierno de los jueces lo archivó sin sanción el pasado mes de febrero.

También la consultora Grant Thornton ha recibido al menos dos encargos de los hospitales Niño Jesús y Ramón y Cajal. En el primer caso, elaboró los pliegos para la construcción y explotación del nuevo aparcamiento del hospital infantil.

Tesera de Hospitalidad obtuvo casi una docena de contratos para impartir cursos de formación y seminarios para el personal de los hospitales de Fuenlabrada, Getafe, La Paz, Alcorcón y Severo Ochoa, así como de la Unidad Central de Radiodiagnóstico. Fue en los años 2017 y 2018, cuando cambió la Ley de Contratos Públicos.

Como ha revelado la investigación de Público, la sanidad pública madrileña adjudica cada año una media de 430.000 contratos menores, pese a que, según la ley, se trata de un procedimiento "excepcional" que sólo puede utilizarse "para atender necesidades puntuales no recurrentes" y cuya tramitación debe ser "restrictiva".

Los contratos menores son aquellos con un importe inferior a 15.000 euros (sin IVA) si son de suministro o de servicios, o inferior a 40.000 euros (sin IVA) si son de obra. Por debajo de esos umbrales, los contratos no necesitan salir a licitación; es decir, se adjudican a dedo. También se reducen significativamente los requisitos de publicidad que la ley les exige. La Administración pierde en transparencia, concurrencia y control del gasto, pero gana en agilidad. De ahí su éxito en los departamentos de contratación de todo tipo de administraciones. El abuso del contrato menor constituye una práctica administrativa extendida y tolerada que, como mínimo, implica una ineficiente gestión de los recursos públicos y, en un altísimo porcentaje de las veces, un palmario fraude de ley. No siempre termina en los tribunales, pero cuando lo ha hecho, los jueces han sido claros.

En 2022, el Supremo confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Valencià que, dos años antes, había condenado por un delito continuado de prevaricación al exalcalde de Alicante, Gabriel Echávarri Fernández, del PSOE, y a su asesor, Pedro de Gea Lozano, a ocho años y seis meses de inhabilitación para el empleo o cargo público. Ambos habían adjudicado a dedo, como contratos menores, un total de 25 expedientes, de los que, además, fraccionaron nueve, "contraviniendo consciente y plenamente los principios de contratación relativos a la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato de todos los ciudadanos", y "cercenando el logro de un eficiente uso de los fondos públicos, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económica más ventajosa". Un perfecto resumen de los perjuicios que ocasiona el abuso de los contratos menores.

El Supremo subraya el hecho de que la tramitación de contratos menores, en lugar de un contrato ordinario, "infringe groseramente las más elementales reglas que rigen en el ámbito jurídico" donde se adopta esa decisión administrativa. Y deja claro que en este caso se hizo "a sabiendas": "Si algo aprende desde el primer día cualquier autoridad responsable de la contratación administrativa es en qué circunstancias puede contratar directamente con una empresa [...] y cuándo debe hacerse a través de un procedimiento formal". Los funcionarios también aprenden "desde un primer momento que no es lícito dividir el objeto del contrato para eludir esa necesidad de que se tramite un expediente de contratación [...] y en su lugar adjudicar a dedo un contrato". Según el tribunal, se trata de "nociones básicas" sobre las que los funcionarios encargados de la contratación no pueden alegar error", precisamente por su carácter "elemental".

No solamente son nociones básicas de conocimiento general, para las que no hace falta formación extra ni asesoría externa, sino que, además, han sido reiteradas año tras año por la Intervención General de la Comunidad de Madrid cada vez que saca los colores en sus informes a los gestores de los hospitales públicos por las decenas de miles de adjudicaciones menores a dedo que firman.

Texto completo publicado por Público.

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